jueves, marzo 06, 2014

A UN AÑO DE LA MUERTE DE CHAVEZ…





Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, en los recordatorios del primer aniversario de la muerte de su antecesor, el tirano Hugo Chávez Frías, en un verdadero camino sin salida, un pueblo hastiado y una crisis económica que no sabe ni quiere solucionar.






A UN AÑO DE LA MUERTE DE CHAVEZ…

Las opciones del Gobierno venezolano,
por Andrés Oppenheimer.


El desastroso Gobierno del Presidente Nicolás Maduro está en problemas más serios de lo que muchos creen, no por las protestas estudiantiles que ya han resultado en más de 16 muertes, sino por la tasa de inflación anual del 56% -la más alta del mundo-, que muy pronto puede tornar ingobernable al país.


La gran mayoría de los economistas coincide en que ningún país del mundo ha logrado mantener estable durante varios años un índice de inflación como ese.


La historia enseña que cuando los países llegan a esos niveles de inflación, o bien adoptan drásticos paquetes de austeridad para controlarla, o caen en la hiperinflación, el caos económico y político.


En otras palabras, sería muy difícil que Maduro logre mantenerse en el poder hasta el final de su período, en 2019, sin tomar medidas drásticas para detener la espiral inflacionaria, poner fin a la escasez de alimentos e impedir la ingobernabilidad. He aquí las opciones que tiene:


Un paquetazo de medidas de austeridad respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al igual que lo hizo Grecia recientemente, y como lo hicieron varios países latinoamericanos antes, Maduro podría pedirle al FMI que rescate a Venezuela con préstamos de emergencia condicionados a medidas de austeridad. Eso exigiría, entre otras cosas, un enorme recorte del gasto público, revertir las nacionalizaciones, levantar los controles de precios y devolver al Banco Central su independencia.


Por supuesto, todas esas medidas serían diametralmente opuestas a todo lo que Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, han estado predicando en los últimos 15 años. Y para poder aplicar estas medidas de ajuste, Maduro necesitaría formar un Gobierno de coalición y evitar así que las actuales protestas callejeras se tornen aún más multitudinarias.


Un paquetazo de medidas de austeridad autoimpuesto, sin participación del FMI. Tal como hizo recientemente México con su Pacto por México, en el que todos los principales partidos políticos acordaron reformas económicas, Maduro podría firmar un pacto con la oposición para lanzar un plan de salvación nacional.


Pero lo más probable es que la oposición no acepte tomar responsabilidad por el desastre económico de Maduro, a menos que haya un Gobierno de coalición que restaure la separación de poderes y convoque a elecciones anticipadas.


Dolarizar la economía. Como Panamá, Ecuador y más recientemente Zimbabue, Maduro podría detener la espiral inflacionaria sustituyendo la moneda venezolana por una canasta de monedas, lo que en la práctica significa adoptar el dólar estadounidense.


Eso ayudaría a devolver la confianza en la economía del país. El problema es que, además de poner en ridículo su propio discurso "antiimperialista", dolarizar implicaría enormes recortes al gasto público.


Eso, al igual que las opciones anteriores, sería muy difícil de hacer sin un Gobierno de coalición o un acuerdo político con la oposición.


Un rescate financiero de China. Como hizo Cuba con la ex Unión Soviética, Maduro podría pedirle a China que rescate a Venezuela a cambio de tomar el control del país y convertirlo en un Estado satélite.


El problema es que los chinos son muy cautelosos, y ya están preocupados por los más de US$ 20.000 millones que les debe Venezuela. El año pasado, Venezuela le pidió a China préstamos por US$ 10.000 millones, con mejores condiciones, pero solo consiguió la mitad de ese monto, y con condiciones más duras.


Ahora, con mayor incertidumbre política que el año pasado, sería aún menos probable que China acepte rescatar a Venezuela, dice Evan Ellis, profesor del Centro de Estudios para la Defensa Hemisférica de Washington D.C., y uno de los mayores expertos estadounidenses en las relaciones entre China y Latinoamérica.


Cuando le pregunté a Ellis si China no podría estar tentada a asumir mayores riesgos a cambio de poder controlar un país petrolero como Venezuela, me dijo que es improbable. Eso requeriría un nivel de supervisión y control por parte de China que enfurecería a Estados Unidos, explicó.


"En todas las oportunidades estratégicas y económicas que los chinos aprovechan en Latinoamérica, siempre toman en cuenta la reacción de Estados Unidos", me dijo Ellis. "China no quiere convertir a Estados Unidos, que es su mayor socio comercial, en su enemigo".


Mi opinión: Es difícil decir cuál de estas opciones elegirá Maduro, pero está claro que no hacer nada no es una opción viable para él. No puede sentarse a esperar una nueva alza de los precios mundiales del petróleo, porque ningún economista serio está pronosticando eso.


A Maduro no le va a quedar otra opción que adoptar un paquetazo de medidas de austeridad, que no podrá implementar por sí solo en un país profundamente dividido sin provocar más -y más grandes- protestas sociales. Si no hay un rescate chino, todos los caminos apuntan a que necesitará un pacto político con los líderes de la oposición, a quienes hoy insulta a diario.


La libertad de nuestro continente depende del fin de las tiranías cubana y venezolana que tratan de exportar sus revoluciones.
 

lunes, febrero 24, 2014

MADURO A LA JUSTICIA INTERNACIONAL…






MADURO A LA JUSTICIA INTERNACIONAL…
¿De vuelta a la CPI?
por Pablo Gámez, el Toque.


“Muchos de los hechos que han tenido lugar en Venezuela durante las últimas meses y semanas, son de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)”, alega Pedro Olmedillo, abogado y jurista internacional venezolano.


Ex asesor de Ong’s en materia de derechos humanos y actualmente desempeñándose en la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea,  Olmedillo ha venido analizando la situación por la que atraviesa su país, marcado por una profunda división política y un pulso en las calles a través de protestas a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Distintos sectores de Venezuela califican la situación de “crítica” y barajan la posibilidad de denunciar al presidente Maduro ante la CPI, con sede en La Haya, Holanda.

“El presidente Nicolás Maduro ha profundizado en una política pública de estado de persecución de grupos opositores a su régimen. Se profundiza porque Maduro, en las últimas semanas y de forma pública, ha expresado que aniquilarán a todos los grupos que él considera fascistas de derecha. ¿Qué quiénes son? ¡Casi la mitad de este país!”, dice Diego Arria, quien en 2011 presentó ante la CPI una notificación contra el ex presidente Hugo Chávez Frías.

¿Competencia de la CPI?

Olmedillo:  “Recordemos que la CPI fue creada para conocer sobre los casos más graves y las violaciones más atroces de los derechos humanos que se comenten o se han cometido por parte de los jefes de estado. Es atribución del Fiscal de la CPI decidir si las violaciones perpetradas en Venezuela clasifican para ser consideradas como atroces o de seria violación a los derechos humanos”, puntualiza el jurista.

A lo que Diego Arria agrega: “ Contra los llamados fascistas de derecha es que actúa la Guardia Nacional, la Policía Nacional y los cuerpos de inteligencia. En adición, el Gobierno ha creado grupos paramilitares, los colectivos, que actúan como cuerpos de choque contra los fascista de derecha. Maduro ordena a esos cuerpos agredir, perseguir e incluso a torturar”.

Una cosa es cierta, agrega Olmedillo, y es que desde su punto de vista “se están acumulando las denuncias y notificaciones que llegan al Fiscal de la CPI.

No crea que se pierden o quedan en el limbo. Llegará el momento en que el Fiscal dirá que efectivamente se podría actuar”, puntualiza el jurista internacional venezolano.

Cuando se creó la CPI en 2002, a nivel internacional hubo muchas consideraciones respecto del efecto intimidatorio que este organismo de las Naciones Unidas llegaría a tener  sobre los jefes de estado en el mundo; en el entendido de que presidentes o jefes de estado ya no podrían actuar de forma impune, habida cuenta de la existencia de una corte internacional que los podría enjuiciar.

Olmedillo opina que “es necesario trasmitir a la población de Venezuela que la CPI existe y que hay la posibilidad real de que se produzca un caso contra las autoridades venezolanas por crímenes de lesa humanidad”.

    “Los estudiantes han sido el mayor grupo de personas que han sido torturados en las últimas semanas; otros han sido asesinados por la propia Guardia Nacional. Hay documentación abundante sobre esta materia. En este delito, no solamente cae Nicolás Maduro, sino también los Jefes de las principales instancias militares de Venezuela”, dice Arria.

El Foro Penal de Venezuela, Control Ciudadano, Fundación por los Derechos a la Equidad Ciudadana (FUNDECI) y un conjunto de ong´s están documentado la información necesaria para realizar la notificación ante la CPI.

Diego Arria: “Al haberse Venezuela retirado de la Convención Interamericana de DDHH, el país se quedó casi sin foro donde apelar los abusos a los derechos humanos.  La CPI se convierte en un destino muy importante, en la medida en que se pueda documentar la denuncia. Queremos aunar esfuerzos y entrar a la CPI en conjunto, no por distintas vías”.

El profesor adjunto de derecho internacional de la Universidad de Maastricht, Fabián Raimundo sostiene que en los últimos años ha habido un abuso del concepto de crimen de lesa humanidad y de genocidio. “Ciertos hechos pueden ser criminales y pueden ser muy graves sin necesariamente constituir ninguna de estas categorías”. El jurista recalca la importancia de conocer bien la definición que el Estatuto de Roma estableció para un crimen contra la humanidad.

El caso contra Hugo Chávez

En noviembre de 2011, el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, llegó a La Haya para denunciar al ex presidente Hugo Chávez.

Arria aspiraba a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales que acontecieron en 2012. El caso  contra Hugo Chávez  perseguía juzgarlo por delitos de lesa humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad. Más de 600 páginas de documentación, producto de dos años de trabajo.

Según el reglamento de la CPI, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas notificaciones que le remiten individuos, estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. “Mi tarea es abrir investigaciones, no solamente, cuando haya casos de crímenes bajo nuestra jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, decía Luis Moreno Ocampo, otrora fiscal general de la CPI, una semana después de presentar el caso contra el ex presidente Chávez.

“Son notificaciones que se están instruyendo y que eventualmente pueden dar lugar a una decisión del Fiscal de enjuiciar”,  dice el jurista Pedro Olmedillo. Y agrega: “Independientemente de la gravedad y número de violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, una de las condiciones para que la CPI tenga competencia es que el sistema judicial del país no esté en capacidad o no quiera enjuiciar esos delitos”.

Organismos pro defensa de los DD.HH como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han documentado que “Venezuela no está en capacidad de enjuiciar esos casos”.

A lo que Olmedillo dice que “el país necesita ayuda internacional para resolver los abusos de violaciones a los derechos humanos.  Es mi opinión: No veo al sistema judicial de Venezuela capaz de atender esos casos”.

Fue el 7 de junio de 2000 que Venezuela ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, depositó el instrumento de ratificación en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. De esta manera, Venezuela se convirtió en el primer país de la región andina y de América Latina que ratificaba el Estatuto de la Corte Penal Internacional.


Tomado de http://eltoque.com
 

miércoles, febrero 19, 2014

El Estado bolivariano hace agua, por Alejandro Cajas.



Inquietante imagen de paramilitares y policía venezolana reprimiendo a estudiantes que protestan por seguridad, Justicia y el inalienable derecho a encontrar los alimentos básicos.





El Estado bolivariano hace agua,
por Alejandro Cajas.


Se supone que el rol principal del Estado es ejercer el monopolio de la fuerza y aplicar el derecho. Todos le cedemos parte de nuestra libertad para que garantice nuestra seguridad y administre la Justicia. En el caso del Estado venezolano, esta premisa original no se ha cumplido y con eso ha llevado a su pueblo al caos, el enfrentamiento y la violencia.


Muchos pueden estar sorprendidos por el protagonismo que ha tenido la crisis venezolana en nuestros medios de comunicación. Al finalizar el mes pasado, diversos hechos de inseguridad fueron denunciados en varias universidades de Venezuela. Entre ellos, un robo masivo en la Universidad Santa María, otro en una sala de clases en la Universidad Alejandro Humbolt, el apuñalamiento de un estudiante de medicina en el Hospital Pérez de León y, el más grave de todos, el intento de violación de una estudiante de la Universidad de Los Andes. No es extraño que hayan sido los estudiantes universitarios, hastiados de estos delitos, los que convocaron a las marchas para reclamar al Estado el cumplimiento de su rol: garantizar la seguridad y administrar la Justicia.


La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de una “epidemia de homicidios” cuando son asesinadas 10 personas por cada 100 mil habitantes al año. Según cifras oficiales y de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en Venezuela los homicidios fluctúan entre 39 (oficial) y 79 (OVV) por cada 100 mil habitantes. Esto es, entre 11 mil y 25 mil muertos por violencia sólo el año pasado. En Chile, para tener una comparación cercana, con algo más de la mitad de habitantes que Venezuela, el registro es de cerca de 500 homicidios en un año. Es evidente, entonces, que la violencia e inseguridad se han apoderado de las calles venezolanas y la situación sólo empeora cuando esos crímenes no son perseguidos por la Justicia.


La promesa de mayor bienestar, seguridad y paz para los venezolanos está largamente incumplida. El socialismo del siglo XXI —alabado en Chile por ciertos sectores políticos, gremiales y estudiantiles—, que prometía superar los males del corrupto régimen anterior y evitar los errores del fracasado socialismo autoritario del siglo XX, parece haber perdido su máscara democrática. El modelo de poder caudillista y de clara estructura militar creado por Hugo Chávez y administrado por el Presidente Nicolás Maduro, el denominado socialismo bolivariano, basado en una estructura clientelar, con control Estatal férreo sobre la economía y dirigido por una oligarquía de funcionarios del partido Gobernante, ha debilitado el Estado de Derecho y ha comenzado a fracasar.
 

miércoles, febrero 12, 2014

El traspié de los Subsecretarios, por Gonzalo Müller.






El traspié de los Subsecretarios,
por Gonzalo Müller.


Llevamos dos semanas desde que el equipo de Michelle Bachelet dio a conocer la lista de Subsecretarios que acompañarían a los Ministros desde marzo próximo, y durante este tiempo hemos visto un creciente cuestionamiento a varias de las designaciones, desde por sus declaraciones o actuaciones anteriores, pasando por morosidades y problemas judiciales varios, hasta uno condenado por faltas al pudor.


¿Por qué un Gobierno que aún no parte, y que pretendía inaugurar un nuevo ciclo político —el de la Nueva Mayoría— se expone a críticas por estas designaciones que lo vinculan a los capítulos más turbios de la vieja Concertación, donde la ciudadanía cuestionó la vocación de quienes parecían más dispuestos a servirse que a servir? No se entiende que si uno de los bienes más escasos en nuestra política es la credibilidad, se insista en personas que iniciarían sus labores ya bajo sospecha o directamente desacreditadas.


Por ejemplo, el próximo Subsecretario de Agricultura tiene variados problemas económicos con actores de su sector. Es cierto que ha comenzado a negociar para resolverlos, pero ya como autoridad designada, es decir, los acreedores saben que al facilitarle el pago de sus deudas, lo están haciendo frente a una autoridad que a partir de marzo los puede fiscalizar, dotar de ayudas técnicas o incluso de fondos de apoyo. Cada vez que ese Subsecretario tome una decisión, tendremos que revisar qué tan libre estaba de cualquier otro interés, una autoridad que permanentemente tendría que estar inhabilitándose de cualquier decisión que pudiera favorecer o perjudicar a quienes fueron hasta hace muy poco sus acreedores.


¿Alguien puede creer que en el Chile de hoy se puede sostener la decisión de haber designado Subsecretario a alguien condenado por faltas al pudor? Sobre todo si se cometió en abuso de una mujer en el Metro, experiencia humillante para muchas. ¿Es suficiente el apoyo de parte de su partido para pasar por alto un hecho tan grave?


Por otro lado, varias de las autoridades designadas explican sin mayor problema por qué decidieron no pagar los créditos del fondo solidario que les permitieron a ellos estudiar en la universidad, sabiendo que otros estudiantes que también los necesitaban no podrían recibirlos. Esto, pese a que muchos de ellos han trabajado en el Estado por largo tiempo, contando con los ingresos suficientes.


Si el futuro Ministro del Interior dijo que él iba a tomar por encargo de la Presidenta electa bajo su responsabilidad la nominación de los Subsecretarios, a estas alturas lo menos que le debe a la ciudadanía es una explicación de qué fue lo que falló, en lugar de este largo silencio. Sin embargo, desde que fue designado Rodrigo Peñailillo sólo ha dado una entrevista, en la cual dejó una frase que lo va a acompañar ineludiblemente durante toda su gestión: “Hoy no basta sólo con la experiencia política”, respondiendo directamente a las dudas de quienes esperaban a alguien con mayor trayectoria política a cargo de Interior.


Si ya se tomó la decisión de que sea el futuro Subsecretario de Interior —el experimentado Mahmud Aleuy— quien le dé solución a la primera crisis política que enfrenta este Gabinete, es porque se está a tiempo de rectificar los errores y recuperar, al menos en parte, la credibilidad y confianza que la ciudadanía necesita tener en sus autoridades.


No hay peor error que no saber reconocer las equivocaciones. El excesivo secretismo y la alta concentración del poder son dos características que fueron exitosas para manejar la pasada campaña electoral, pero que pueden transformarse en la piedra en el zapato del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.