MADURO A LA JUSTICIA INTERNACIONAL…
¿De vuelta a
la CPI?
por Pablo Gámez, el Toque.
“Muchos de los hechos que han tenido lugar en
Venezuela durante las últimas meses y semanas, son de la competencia de la
Corte Penal Internacional (CPI)”, alega Pedro Olmedillo, abogado y jurista
internacional venezolano.
Ex asesor de Ong’s en materia de derechos
humanos y actualmente desempeñándose en la Unidad de Cooperación Judicial de la
Unión Europea, Olmedillo ha venido
analizando la situación por la que atraviesa su país, marcado por una profunda
división política y un pulso en las calles a través de protestas a favor y en
contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Distintos sectores de Venezuela califican la
situación de “crítica” y barajan la posibilidad de denunciar al presidente
Maduro ante la CPI, con sede en La Haya, Holanda.
“El presidente Nicolás Maduro ha profundizado
en una política pública de estado de persecución de grupos opositores a su
régimen. Se profundiza porque Maduro, en las últimas semanas y de forma
pública, ha expresado que aniquilarán a todos los grupos que él considera
fascistas de derecha. ¿Qué quiénes son? ¡Casi la mitad de este país!”, dice
Diego Arria, quien en 2011 presentó ante la CPI una notificación contra el ex
presidente Hugo Chávez Frías.
¿Competencia de la CPI?
Olmedillo:
“Recordemos que la CPI fue creada para conocer sobre los casos más
graves y las violaciones más atroces de los derechos humanos que se comenten o
se han cometido por parte de los jefes de estado. Es atribución del Fiscal de
la CPI decidir si las violaciones perpetradas en Venezuela clasifican para ser
consideradas como atroces o de seria violación a los derechos humanos”,
puntualiza el jurista.
A lo que Diego Arria agrega: “ Contra los
llamados fascistas de derecha es que actúa la Guardia Nacional, la Policía Nacional
y los cuerpos de inteligencia. En adición, el Gobierno ha creado grupos
paramilitares, los colectivos, que actúan como cuerpos de choque contra los
fascista de derecha. Maduro ordena a esos cuerpos agredir, perseguir e incluso
a torturar”.
Una cosa es cierta, agrega Olmedillo, y es que
desde su punto de vista “se están acumulando las denuncias y notificaciones que
llegan al Fiscal de la CPI.
No crea que se pierden o quedan en el limbo.
Llegará el momento en que el Fiscal dirá que efectivamente se podría actuar”,
puntualiza el jurista internacional venezolano.
Cuando se creó la CPI en 2002, a nivel
internacional hubo muchas consideraciones respecto del efecto intimidatorio que
este organismo de las Naciones Unidas llegaría a tener sobre los jefes de estado en el mundo; en el
entendido de que presidentes o jefes de estado ya no podrían actuar de forma
impune, habida cuenta de la existencia de una corte internacional que los
podría enjuiciar.
Olmedillo opina que “es necesario trasmitir a
la población de Venezuela que la CPI existe y que hay la posibilidad real de
que se produzca un caso contra las autoridades venezolanas por crímenes de lesa
humanidad”.
“Los
estudiantes han sido el mayor grupo de personas que han sido torturados en las
últimas semanas; otros han sido asesinados por la propia Guardia Nacional. Hay
documentación abundante sobre esta materia. En este delito, no solamente cae
Nicolás Maduro, sino también los Jefes de las principales instancias militares
de Venezuela”, dice Arria.
El Foro Penal de Venezuela, Control Ciudadano,
Fundación por los Derechos a la Equidad Ciudadana (FUNDECI) y un conjunto de
ong´s están documentado la información necesaria para realizar la notificación
ante la CPI.
Diego Arria: “Al haberse Venezuela retirado de
la Convención Interamericana de DDHH, el país se quedó casi sin foro donde
apelar los abusos a los derechos humanos.
La CPI se convierte en un destino muy importante, en la medida en que se
pueda documentar la denuncia. Queremos aunar esfuerzos y entrar a la CPI en
conjunto, no por distintas vías”.
El profesor adjunto de derecho internacional de
la Universidad de Maastricht, Fabián Raimundo sostiene que en los últimos años
ha habido un abuso del concepto de crimen de lesa humanidad y de genocidio.
“Ciertos hechos pueden ser criminales y pueden ser muy graves sin
necesariamente constituir ninguna de estas categorías”. El jurista recalca la
importancia de conocer bien la definición que el Estatuto de Roma estableció
para un crimen contra la humanidad.
El caso contra Hugo Chávez
En noviembre de 2011, el ex embajador de
Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, llegó a La Haya para denunciar
al ex presidente Hugo Chávez.
Arria aspiraba a ser el candidato opositor
único en las elecciones presidenciales que acontecieron en 2012. El caso contra Hugo Chávez perseguía juzgarlo por delitos de lesa
humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y
eliminación de la propiedad. Más de 600 páginas de documentación, producto de
dos años de trabajo.
Según el reglamento de la CPI, la Fiscalía
tiene la obligación de analizar estas notificaciones que le remiten individuos,
estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. “Mi tarea
es abrir investigaciones, no solamente, cuando haya casos de crímenes bajo
nuestra jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las
investigaciones”, decía Luis Moreno Ocampo, otrora fiscal general de la CPI,
una semana después de presentar el caso contra el ex presidente Chávez.
“Son notificaciones que se están instruyendo y
que eventualmente pueden dar lugar a una decisión del Fiscal de
enjuiciar”, dice el jurista Pedro
Olmedillo. Y agrega: “Independientemente de la gravedad y número de violaciones
a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, una de las condiciones para
que la CPI tenga competencia es que el sistema judicial del país no esté en
capacidad o no quiera enjuiciar esos delitos”.
Organismos pro defensa de los DD.HH como Human
Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han documentado que “Venezuela
no está en capacidad de enjuiciar esos casos”.
A lo que Olmedillo dice que “el país necesita
ayuda internacional para resolver los abusos de violaciones a los derechos
humanos. Es mi opinión: No veo al
sistema judicial de Venezuela capaz de atender esos casos”.
Fue el 7 de junio de 2000 que Venezuela
ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El entonces ministro de
Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, depositó el instrumento de
ratificación en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. De esta manera,
Venezuela se convirtió en el primer país de la región andina y de América
Latina que ratificaba el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Tomado de http://eltoque.com
