viernes, marzo 05, 2010

La pistola al cuello, por Fernando Villegas.


La pistola al cuello,

por Fernando Villegas.

El terremoto del sábado ha sido un evento devastador, pero también revelador. Ha sacado a la luz debilidades acumuladas a lo largo de años en el completo edificio de nuestra sociedad, frutos venenosos de políticas -públicas y privadas- y de procesos sociales cuyas semillas se sembraron a partir de 1973, se abonaron en los años sucesivos y se regaron generosamente desde 1990. El resultado es una mezcla explosiva de aspiraciones adquisitivas con una distribución del ingreso que impide a muchos satisfacerlas y de dos generaciones de chilenos pobres -padres entre 25 y 40 años, hijos de entre 10 y 20- criados casi sin control parental ni escolar. A ese combustible se agrega como comburente la hegemonía ideológica de las doctrinas acerca de los derechos humanos, las cuales en muchos casos -legales, judiciales, etc- han sido llevadas a tales extremos de lenidad y obsecuencia, que entorpecen gravemente la determinación o voluntad del Estado para preservar el orden público.

De esto último han sido muestra los saqueos masivos. Para describirlos, la autoridad ha usado un lenguaje eufemístico hablando de "delincuentes" y de "lumpen". Eso de por sí ya sería bastante malo, pero los videos y fotografías revelan algo aun peor: protagonistas han sido también y en número abrumador, gente común y corriente, la clase de personas con las cuales usted puede toparse en su oficina o en el bus. En una sociedad sana, el pillaje queda reducido a la acción de delincuentes y también de los ciudadanos más marginales; una sociedad enferma, en cambio, revela lo que vimos, a saber, no sólo que dichos delincuentes y vándalos son legión, sino que también hay cero autocontrol por parte de muchos ciudadanos y cero eficacia de la fuerza policial para controlarlos por mera presencia.

¿De qué extrañarse respecto a esto último? Por 20 años la Concertación no hizo sino debilitar el concepto mismo de "orden público", expresión que a oídos de su gente suena a cavernaria opresión "del pueblo". Todo acto de autoridad rigurosa se convirtió, en ese período, en tabú. En el colegio se deterioró la autoridad de profesores y directores, quienes quedaron a merced de un alumnado dotado de infinitos derechos; en la calle se acusó una y otra vez a la fuerza pública de "excesos", tanto en tribunales como en la prensa, cada vez que encaró con decisión ataques incluso letales contra sus miembros; en el discurso de muchos se legitimó abierta o tácitamente a los "combatientes" con tal que dijeran representar una causa justa; en la justicia se trató con lenidad a asesinos políticos si acaso su background era "la lucha contra la dictadura"; en fin, siempre hubo razones para justificar la conducta antisocial haciendo de sus hechores víctimas inocentes "del sistema".

¿A qué asombrarse entonces que grupos masivos de ciudadanos se crean hoy con derecho al pillaje si se da la oportunidad? ¿De qué pasmarse ante el infantilismo, convertido rápidamente en agresión, con que algunos piden "soluciones" en cinco minutos puesto que fueron criados bajo la doctrina del Estado paternalista, único salvador y defensor de los pobres, como todavía se dijo en la reciente campaña presidencial? Por eso la imagen del carabinero poniendo una pistola en el cuello de uno de los miserables entregados al pillaje es una notable excepción, pero también una muestra de hasta dónde es preciso llegar cuando métodos menos elocuentes ya no hacen mella. Y es una valiente excepción, porque hace ya mucho tiempo que el carabinero teme siquiera levantar la voz, no sea que le abran un sumario, se le eche del servicio y se le lleve a juicio. De eso es muy consciente la inmensa cantidad de ciudadanos resentidos, frustrados y llenos de instintos destructivos y depredadores que ha criado el sistema por las razones expuestas más arriba. Se sienten con esa sensación de derecho a cometer delitos que otorga la impunidad. ¿"Por qué yo no", dijo una mujer que se llevaba objetos robados de una tienda, "si lo hacen todos? Y pudo haber agregado: "y nada nos va a pasar porque somos el pueblo". De ahí que sea la sociedad, no ese punga, quien está hoy con la pistola al cuello. Y que, en la hora mona, deba sacarse al Ejército a la calle.

miércoles, marzo 03, 2010

Responsabilidad por el colapso de edificios, por Patricio Herman.



Responsabilidad por el colapso de edificios

por Patricio Herman.


Al sector privado de la construcción no le gusta que el Estado cumpla con sus atribuciones. Se caracteriza por ser un impenitente pedigüeño de franquicias y beneficios.

Por ser Chile un país sísmico, sus construcciones se deben enmarcar en exigentes normativas en materia estructural.

El terremoto de marzo de 1985 nos enseñó que con los cálculos y con el tipo de materiales que se utilizan para edificar no se juega.

Esto, en rigor, no ha sido entendido todavía por algunas inmobiliarias que privilegian sólo los márgenes de utilidad en sus negocios.

Ahora bien, el nuevo embate de la naturaleza que nos asoló en la madrugada del sábado 27 de febrero produjo daños de enorme consideración, muchos irreparables, y gracias a la televisión pudimos observar cómo algunos edificios recién construidos en Santiago, Concepción y Valparaíso sufrieron deterioros estructurales, cuyo compromiso hace imposible su reparación: necesariamente se tendrán que demoler.

El reciente terremoto y su consiguiente no anunciado maremoto produjeron centenas de invaluables pérdidas humanas y unos 25 mil millones de dólares en menoscabos materiales.

En nuestra opinión, el descalabro se produjo por fallas en los diseños, en la ingeniería y en la construcción de los proyectos de uso público y privado, y en algunos casos de edificios habitacionales además por deficientes estudios de mecánica de suelo.

Desde hace muchos años en esta tribuna y en otros medios hemos venido denunciando que el Estado chileno ha abdicado de su rol fiscalizador en materia de construcción, porque sus altos funcionarios han supuesto que el sector privado se tiene que hacer responsable de sus actos y es así: la ley dice que el primer vendedor, inmobiliaria o constructora, debe garantizar por diez años la edificación que ha vendido.

Los ingenieros de cálculo de estructuras en general hacen bien su cometido, sobre todo cuando se trata de edificios corporativos, pero en los casos de edificios de departamentos que se venden a terceros, no siempre proceden con rigurosidad profesional.

Hay algunos chambones que, utilizando programas computacionales de dudosa calidad, firman los planos, que no son revisados por las direcciones de Obras Municipales, y los titulares de los proyectos para abaratar costos construyen con materiales no aptos para soportar las pesadas estructuras.

Hoy en día las municipalidades no constatan que la calidad informada de la obra sea la misma.

Por ello pasó lo que todos sabemos y, en tal sentido, en la práctica, ni los arquitectos proyectistas, ingenieros calculistas, arquitectos revisores independientes, constructores, jefes de obras, ni inspectores técnicos que tienen por obligación certificar que la construcción se hiciera de la manera correcta, tienen mayores responsabilidades en el desastre.

El único responsable final es el llamado primer vendedor, es decir, la persona jurídica que hizo el negocio que le reportó ingentes utilidades.

No conocemos los porcentajes de gente que ha comprado sus viviendas al contado, pero suponemos que son los menos. La mayoría ha tenido que recurrir al sistema bancario para solicitar un crédito hipotecario, cuyo plazo llega en ocasiones a los 30 años si los clientes son jóvenes.

En los dividendos se considera el ítem correspondiente a un seguro de desgravamen y a un seguro de incendio con un adicional contra sismos.

No todas las pólizas contemplan este último seguro, el cual, en todo caso, de existir, tiene matices que deben ser analizados por los asegurados con sus abogados, ya que sabemos cómo proceden esas empresas con sus clientes.

De acuerdo con cifras publicadas en la prensa, sólo 34% de las viviendas aseguradas contra incendio tiene el adicional anti-telúrico.

Por lo informado anteriormente, y en aras de la denominada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), esperamos que todas las inmobiliarias que vendieron departamentos que no cumplieron con su cometido, reconozcan sus garrafales errores y devuelvan el dinero a quienes, obnubilados con sus folletos promocionales, creyeron en las bondades de sus inmuebles.

Sería de muy mal gusto que tales actores comerciales no asuman sus responsabilidades pecuniarias y que esperen ser demandados judicialmente por sus clientes.

Sabemos que al sector privado de la construcción no le gusta que el Estado cumpla con sus atribuciones en resguardo del interés público y es más, se caracteriza por ser un impenitente pedigüeño de franquicias y beneficios tributarios.

Y al necesario control, con desprecio, le llaman burocracia que entorpece el crecimiento económico y la absorción de mano de obra…

En todo caso, y por transparencia, es necesario que la opinión pública conozca los nombres de las inmobiliarias que tendrán que asumir sus responsabilidades por construir mal y en tal sentido, como la Cámara de la Construcción y las municipalidades, cautelando los bastardos intereses de aquéllas, mantendrán un mutismo absoluto, le exigimos al Ministerio de la Vivienda (Minvu) que en los próximos días entregue una lista de las mismas, indicando los nombres de sus socios, para que exista una sanción moral en contra de éstos.