Leopoldo López en la ventana de su celda.
El asalto a
los derechos humanos, causa del inminente colapso de Venezuela, por Leopoldo
López.
Mi país, Venezuela, está al borde del colapso
social y económico. Este desastre en cámara lenta que se ha fabricado en casi
quince años, no comenzó con la caída de los precios del petróleo ni por la
acumulación de deudas, sino que se puso en marcha por el desprecio del Gobierno
autoritario de Venezuela hacia los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Instituciones y seguridades jurídicas fueron
desmanteladas en aras de preservar una élite corrupta que Gobierna -a expensas
de los derechos humanos, sociales, políticos y económicos del pueblo
venezolano-. Esto, más que cualquier otra cosa, es la causa de nuestra
situación actual.
Conozco todo esto personalmente. Escribo desde
una prisión militar donde me encuentro desde el pasado mes de febrero, como
consecuencia de pronunciarme contra las acciones del Gobierno. Soy uno de las
decenas de prisioneros políticos que están tras las rejas por sus palabras y
sus ideas.
Esta injusta encarcelación me ha proporcionado
una visión de primera mano del abuso generalizado a nivel legal, mental y
físico. No ha sido una buena experiencia, pero ha sido esclarecedora.
Mi aislamiento también me ha dado tiempo para
reflexionar sobre la crisis más grande que ha enfrentado mi país. Nunca he
estado más convencido de que el camino hacia la ruina de Venezuela fue
construido años atrás por un proyecto dirigido a desmantelar libertades y
derechos humanos fundamentales en nombre de una ilusión.
Cuando el actual partido de Gobierno asumió el
poder en 1999, sus partidarios consideraban los derechos humanos como un lujo y
no como una necesidad. Grandes segmentos de la población vivían en pobreza y
tenían necesidades alimentarias, de vivienda y de seguridad personal. Proteger
la libertad de expresión y la separación de poderes parecía algo frívolo. En
nombre de la conveniencia, estos valores fueron comprometidos y luego
desmantelados por completo.
La Legislatura fue reprimida, permitiéndole al
Ejecutivo Gobernar por decreto sin los controles y equilibrios que impiden que
los Gobiernos se salgan de su camino.
El poder Judicial se hizo responsable del
partido de Gobierno, convirtiendo la Ley y la Constitución en algo
insignificante. En un caso conocido, la Jueza María Lourdes Afiuni fue arrojada
a prisión por haber ordenado la liberación de un preso.
Líderes políticos y activistas fuimos
frecuentemente perseguidos y encarcelados, los medios de comunicación
independientes fueron desmantelados, expropiados o simplemente eliminados.
El actual Presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, ha llevado esto a un nivel aún más bajo. Los derechos están racionados
como si fueran escasas mercancías que pueden intercambiarse por otros medios de
subsistencia: "Usted puede tener empleo si entrega la libertad de
expresión. Usted puede tener algunos beneficios de salud si renuncia a su
derecho a la protesta".
En cada caso, los apologistas han encubierto
estas acciones como si fueran presagios de una mejor vida para los venezolanos.
Trágicamente, este fue un intercambio falso, y las vidas de los venezolanos hoy
están peor en todos los ámbitos.
Venezuela ahora tiene la tasa de inflación más
alta del mundo. Un récord de escasez de productos básicos ha generado estantes
vacíos y largas colas. La violenta criminalidad se ha disparado y la tasa de
asesinatos es la tercera más alta del mundo. El sistema de salud está
colapsando, y muchos expertos predicen un incumplimiento de las deudas del país
en cuestión de meses.
Y los segmentos más pobres de la población son
los que más están sufriendo.
Los desafíos que enfrenta actualmente Venezuela
son complejos y requieren de años de trabajo en muchos frentes. Se debe
comenzar con la restauración de los derechos, las libertades y los mecanismos
de equilibrio que constituyen la base de la democracia.
La comunidad internacional tiene un papel
importante que jugar, especialmente nuestros vecinos en América Latina.
Permanecer en silencio es ser cómplice en un desastre que no solo impactará a
Venezuela, sino que podría tener consecuencias en todo el hemisferio.
Organizaciones como la OEA, Unasur y Mercosur no deben estar al margen, y los
países del continente deben involucrarse.
En Venezuela, nuestra Constitución establece un
camino a seguir si prestamos atención a cada una de sus palabras.
Nuestra propuesta es simple, pero enérgica:
todos los derechos para todas las personas en vez de algunos derechos para
algunas personas. Ningún régimen debería tener el poder de decidir quién tiene
acceso a qué derechos. Esta idea puede darse por sentada en otros países, pero
en un país como Venezuela es un sueño por el que vale la pena luchar.
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