La Diputado María Corina Machado saluda a
opositores al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro durante una manifestación,
el viernes 21 de marzo de 2014, frente a la sede de la Organización de Estados
Americanos, en Washington.
Venezuela, la
OEA y la legitimidad democrática
(Grupo de Diarios América)
La condenable decisión del Consejo Permanente
de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no atender con
responsabilidad democrática la discusión del caso de la crisis política, social
y de seguridad que golpea a Venezuela, inflige una profunda herida de graves
consecuencias al Sistema Interamericano.
Cuando un organismo continental como la OEA
adopta la indiferencia ante los atropellos contra los derechos humanos y la libertad
de expresión, a la vez que conduce sus sesiones en privacidad dolosa decretando
un bloqueo informativo, reniega de su deber moral y ministerial de adoptar una
postura digna y rotunda contra toda agresión que sufra la democracia en
cualquiera de sus Estados miembro.
Esas agresiones, que comete el Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro y que la OEA se niega a ver y a rechazar, tuvieron
este lunes otro episodio de funesta trascendencia, cuando el Presidente de la
Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, anunció la expulsión de la Diputado
independiente María Corina Machado, en represalia por haber participado el
viernes último en Washington en la sesión del Consejo Permanente de la OEA en
calidad de "delegada alterna", puesto cedido por el Embajador de
Panamá para que pudiera exponer y denunciar la situación de su atribulado país.
Con la acción de Cabello, la Diputado es
despojada, en consecuencia, de la inmunidad Parlamentaria, lo que la deja a
merced de ser procesada por el Gobierno bolivariano por el supuesto delito de
"traición a la patria".
En un acto que debe ser imperativamente
condenado por la comunidad internacional, esta arbitraria expulsión se produjo
en momentos en que la Parlamentario estaba de visita en Lima, Perú, en una
conferencia a la cual fue invitada para exponer los hechos que han sacudido a
la nación sudamericana en las últimas semanas.
Estas acciones autoritarias y antidemocráticas
convierten en urgentes las iniciativas de apoyo a los sectores democráticos de
Venezuela. Los organismos internacionales, como la OEA, deben entender esa
urgencia porque estamos ante una cadena creciente de persecución política,
encarcelamiento de líderes de la oposición, de represión y uso excesivo de la
fuerza contra manifestaciones pacíficas que, en mes y medio, han dejado 36
muertos, cientos de heridos y lesionados y más de mil detenidos sin el debido
proceso.
La mayoría de las víctimas de esta represión
brutal proviene de las filas de los manifestantes, que han salido a la calle en
protesta por el clima de inseguridad ciudadana, por las sistemáticas
violaciones a la libertad de expresión, por el desabastecimiento y el alto
índice de escasez que obligan a los venezolanos a interminables filas para
poder adquirir los alimentos y medicinas de primera necesidad.
Por eso es tan doloroso que, contrario a todo
espíritu democrático y de transparencia, una mayoría de países de Sudamérica,
Centroamérica y el Caribe básicamente "beneficiarios" de Petrocaribe,
y a los que Venezuela suministra alrededor del 40% de la energía, decidiera que
la sesión del Consejo Permanente de la OEA, bajo la Presidencia condicionada
del embajador de la República Dominicana, se realizara a oscuras, en privado. Y
se procediera a excluir a los periodistas, en un intento inútil para evitar que
el mundo se enterara de este triste capítulo de la historia latinoamericana.
A favor de una conducción antidemocrática de la
discusión sobre Venezuela, votaron Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago,
Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, Dominica,
Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Bahamas, Belice, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam y la República
Dominicana.
En contraste, impulsaron la transparencia
Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, Guatemala, Honduras, Estados
Unidos, Paraguay y Panamá, proponente de la atención multilateral al caso
venezolano. Es ese multilateralismo el que hace tambalear decisiones como la
tomada por la OEA de jugar a la escondida ante una crisis que involucra vidas,
democracia e integridad.
La Organización de Estados Americanos tiene que
abandonar los temores de la Diplomacia cómplice, pronunciarse valientemente
sobre Venezuela y demostrar si quiere conservar o abdicar a su legitimidad.
