La imagen muestra a la Presidente Michelle
Bachelet, acompañada por el Ministro Arenas, al momento de firmar, el 31 de
marzo de 2014, el proyecto de reforma tributaria que sostiene solo afecta a los
más ricos y no será pagada por las clases medias.
Por un debate
constructivo.
por Juan Andrés Fontaine.
El insólito video lanzado por el Gobierno es
solo el último de sus desaciertos en la promoción de su proyecto de reforma
tributaria.
Tal vez porque pensó que el resonante triunfo
electoral de la Presidente Bachelet el año pasado lo autorizaba para imponer
sin mayor trámite el programa prometido -como ocurriría en una democracia
plebiscitaria- o porque con la tonalidad chavista empleada en su defensa
procuraba granjearse la buena voluntad de la temida calle, lo cierto es que
resolvió rehuir el debate de fondo, escudarse en su mayoría Parlamentaria y
responder la crítica con descalificaciones y diatribas. El resultado ha sido
confirmar los temores en cuanto a que la motivación de la reforma es puramente
política, que sus fundamentos económicos son débiles y que en verdad puede
desalentar gravemente el emprendimiento, la inversión y la creación de
oportunidades de empleo.
Pero, afortunadamente, el debate público está
haciendo su trabajo. Si el "impuestazo" que denunciamos un año atrás
-cuando fue anunciado por la Nueva Mayoría- no provocó entonces mayor conmoción
entre los cientos de miles de afectados, hoy las redes sociales están plagadas
de manifestaciones de alarma. Así como las protestas estudiantiles trastocaron
sorpresivamente el escenario político en 2011, el clamor de los emprendedores y
los consumidores que hoy temen ser damnificados por la reforma puede tener
consecuencias.
Los
objetivos de la reforma son válidos y compartidos por muchos. Pero la cuestión
estriba en cómo allegar recursos para financiar un buen plan educacional sin
restar dinamismo al crecimiento económico y la creación de empleos. El proyecto del
Gobierno contiene varias propuestas razonables para incrementar la recaudación.
Contiene otras que impondrían gravámenes excesivos a la clase media. Pero lo
más complejo es que incluye un cambio diametral en el régimen tributario
aplicable a las rentas de las empresas, y altera incentivos para el ahorro y la
inversión que han sido motores de nuestro crecimiento económico. No hay ninguna
razón para evitar el estudio detenido de los alcances de la propuesta ni para
soslayar el debate técnico y político que el tema merece. Ni siquiera se espera
que reditúe ingresos fiscales sino hasta cuatro años más. El Gobierno debería
allanarse a separar este aspecto de la reforma y someterlo a las deliberaciones
de una comisión de expertos, capaz de considerar otras opciones y recomendar
cómo configurar mejor nuestro sistema tributario.
