El Estado bolivariano hace agua, por Alejandro Cajas.

Inquietante imagen de paramilitares y policía venezolana reprimiendo a estudiantes que protestan por seguridad, Justicia y el inalienable derecho a encontrar los alimentos básicos.

El Estado bolivariano hace agua,

por Alejandro Cajas.

Se supone que el rol principal del Estado es ejercer el monopolio de la fuerza y aplicar el derecho. Todos le cedemos parte de nuestra libertad para que garantice nuestra seguridad y administre la Justicia. En el caso del Estado venezolano, esta premisa original no se ha cumplido y con eso ha llevado a su pueblo al caos, el enfrentamiento y la violencia.

Muchos pueden estar sorprendidos por el protagonismo que ha tenido la crisis venezolana en nuestros medios de comunicación. Al finalizar el mes pasado, diversos hechos de inseguridad fueron denunciados en varias universidades de Venezuela. Entre ellos, un robo masivo en la Universidad Santa María, otro en una sala de clases en la Universidad Alejandro Humbolt, el apuñalamiento de un estudiante de medicina en el Hospital Pérez de León y, el más grave de todos, el intento de violación de una estudiante de la Universidad de Los Andes. No es extraño que hayan sido los estudiantes universitarios, hastiados de estos delitos, los que convocaron a las marchas para reclamar al Estado el cumplimiento de su rol: garantizar la seguridad y administrar la Justicia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de una “epidemia de homicidios” cuando son asesinadas 10 personas por cada 100 mil habitantes al año. Según cifras oficiales y de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en Venezuela los homicidios fluctúan entre 39 (oficial) y 79 (OVV) por cada 100 mil habitantes. Esto es, entre 11 mil y 25 mil muertos por violencia sólo el año pasado. En Chile, para tener una comparación cercana, con algo más de la mitad de habitantes que Venezuela, el registro es de cerca de 500 homicidios en un año. Es evidente, entonces, que la violencia e inseguridad se han apoderado de las calles venezolanas y la situación sólo empeora cuando esos crímenes no son perseguidos por la Justicia.

La promesa de mayor bienestar, seguridad y paz para los venezolanos está largamente incumplida. El socialismo del siglo XXI —alabado en Chile por ciertos sectores políticos, gremiales y estudiantiles—, que prometía superar los males del corrupto régimen anterior y evitar los errores del fracasado socialismo autoritario del siglo XX, parece haber perdido su máscara democrática. El modelo de poder caudillista y de clara estructura militar creado por Hugo Chávez y administrado por el Presidente Nicolás Maduro, el denominado socialismo bolivariano, basado en una estructura clientelar, con control Estatal férreo sobre la economía y dirigido por una oligarquía de funcionarios del partido Gobernante, ha debilitado el Estado de Derecho y ha comenzado a fracasar.

 

El traspié de los Subsecretarios, por Gonzalo Müller.

El traspié de los Subsecretarios,

por Gonzalo Müller.

Llevamos dos semanas desde que el equipo de Michelle Bachelet dio a conocer la lista de Subsecretarios que acompañarían a los Ministros desde marzo próximo, y durante este tiempo hemos visto un creciente cuestionamiento a varias de las designaciones, desde por sus declaraciones o actuaciones anteriores, pasando por morosidades y problemas judiciales varios, hasta uno condenado por faltas al pudor.

¿Por qué un Gobierno que aún no parte, y que pretendía inaugurar un nuevo ciclo político —el de la Nueva Mayoría— se expone a críticas por estas designaciones que lo vinculan a los capítulos más turbios de la vieja Concertación, donde la ciudadanía cuestionó la vocación de quienes parecían más dispuestos a servirse que a servir? No se entiende que si uno de los bienes más escasos en nuestra política es la credibilidad, se insista en personas que iniciarían sus labores ya bajo sospecha o directamente desacreditadas.

Por ejemplo, el próximo Subsecretario de Agricultura tiene variados problemas económicos con actores de su sector. Es cierto que ha comenzado a negociar para resolverlos, pero ya como autoridad designada, es decir, los acreedores saben que al facilitarle el pago de sus deudas, lo están haciendo frente a una autoridad que a partir de marzo los puede fiscalizar, dotar de ayudas técnicas o incluso de fondos de apoyo. Cada vez que ese Subsecretario tome una decisión, tendremos que revisar qué tan libre estaba de cualquier otro interés, una autoridad que permanentemente tendría que estar inhabilitándose de cualquier decisión que pudiera favorecer o perjudicar a quienes fueron hasta hace muy poco sus acreedores.

¿Alguien puede creer que en el Chile de hoy se puede sostener la decisión de haber designado Subsecretario a alguien condenado por faltas al pudor? Sobre todo si se cometió en abuso de una mujer en el Metro, experiencia humillante para muchas. ¿Es suficiente el apoyo de parte de su partido para pasar por alto un hecho tan grave?

Por otro lado, varias de las autoridades designadas explican sin mayor problema por qué decidieron no pagar los créditos del fondo solidario que les permitieron a ellos estudiar en la universidad, sabiendo que otros estudiantes que también los necesitaban no podrían recibirlos. Esto, pese a que muchos de ellos han trabajado en el Estado por largo tiempo, contando con los ingresos suficientes.

Si el futuro Ministro del Interior dijo que él iba a tomar por encargo de la Presidenta electa bajo su responsabilidad la nominación de los Subsecretarios, a estas alturas lo menos que le debe a la ciudadanía es una explicación de qué fue lo que falló, en lugar de este largo silencio. Sin embargo, desde que fue designado Rodrigo Peñailillo sólo ha dado una entrevista, en la cual dejó una frase que lo va a acompañar ineludiblemente durante toda su gestión: “Hoy no basta sólo con la experiencia política”, respondiendo directamente a las dudas de quienes esperaban a alguien con mayor trayectoria política a cargo de Interior.

Si ya se tomó la decisión de que sea el futuro Subsecretario de Interior —el experimentado Mahmud Aleuy— quien le dé solución a la primera crisis política que enfrenta este Gabinete, es porque se está a tiempo de rectificar los errores y recuperar, al menos en parte, la credibilidad y confianza que la ciudadanía necesita tener en sus autoridades.

No hay peor error que no saber reconocer las equivocaciones. El excesivo secretismo y la alta concentración del poder son dos características que fueron exitosas para manejar la pasada campaña electoral, pero que pueden transformarse en la piedra en el zapato del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

¿Nueva política de Bachelet?

Las futuras Ministros de Cultura, Claudia Barattini, y de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, además de tres Intendentes Regionales designados, aparecen en el listado de morosos del Crédito Fondo Solidario, elaborado por el Consejo de Rectores.

¿Nueva política de Bachelet?

 

La nueva política anunciada durante la campaña por la Presidente electa Michelle Bachelet parece ser un chiste de mal gusto, conflictos de interés, agresores sexuales y simples pillastres parecen ser los antecedentes requeridos que se buscaron para quienes secundaran desde el 11 de marzo a la nueva Presidente.

Ya cayó la designada Subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, que asesoraba a su ex marido, Walter Oliva, actual pareja de la Senador Rincón, propietario de colegios y que anteriormente había asegurado por medio de carta pública que la prioridad no debía ser la gratuidad total en educación superior.

Informaciones salidas desde el “comando” de Bachelet aseguran que el nominado Subsecretario de Agricultura, Hugo Lara, DC, habría tomado la determinación de renunciar al cargo, mientras el Radical Miguel Moreno, según versiones provenientes del PRSD, se encuentra evaluando la posibilidad de su renuncia.

Podría haberse creído que los casos  de falta de prolijidad y de revisión de antecedentes ya habrían sido todos develados, pero, lamentablemente La Tercera develó ayer que las futuras Ministros de Cultura, Claudia Barattini, y de Desarrollo Social, Fernanda Villegas aparecen en el listado de deudores morosos del ex Crédito Fiscal.

Las situaciones anómalas parecen no terminar allí, pues a las acusaciones de sumarios por falta de probidad contra el futuro Intendente de Tarapacá, se suma que también es deudor de este crédito, acusación en la que también caen las futuras autoridades de las Regiones de Atacama y del Maule.

Es cierto que casi todas estas “situaciones” anómalas en relación a las deudas Crédito Fondo Solidario (antes conocido como Crédito Fiscal), que financia carreras universitarias, puede ser subsanado con el pago para que estos personeros asuman los cargos, no hay duda que su honorabilidad queda en duda.

Para nosotros la nueva mayoría, a la que se agregó el partido comunista, se diferencia poco de la antigua concertación y de la arcaica unidad popular, de los que mantiene las visiones extremadamente Estatistas y totalitarias, que limitan las libertades ciudadanas, y conserva una extrema corruptela.