Chileno libre

Salarios y cifras de pobreza, por Gonzalo Vial


Los católicos debemos mirar como católicos la polémica alrededor de los dichos sobre “salario ético” del Obispo-presidente de la Conferencia Episcopal. La Iglesia, en materia de sociedad, no da recetas económicas ni legislativas, sino que sienta principios morales que obligan personalmente y en conciencia a cada fiel, y cuyo conjunto constituye la doctrina social-católica.
Como han salido al baile los salarios “de mercado”, “mínimo” y “ético”, es útil intentar definirlos a la luz de esa doctrina, antes de mirar el problema que me parece esencial en la discusión.
SALARIO DE MERCADO. Es el que éste ofrece al trabajador que propone en él la contratación de sus servicios. Es determinado por el juego de la oferta y la demanda de esos servicios. No tiene nada que ver con el salario justo.

SALARIO MINIMO. Esta es una invención chilena que, como muchas nuestras, no tiene pies ni cabeza. Se fija cada año en un tira y afloja puramente político, sin ninguna base técnica, entre el Gobierno (que no lo pagará, salvo —supongo— a sus funcionarios) y la CUT, que representa a una minoría de los asalariados, sin intervención de la mayoría de éstos, ni de los empresarios... que lo van a sacar de su bolsillo.

No hay obligación moral de pagar el salario mínimo, sino de pagar el salario justo. El empresario que verdaderamente no puede solventar el mínimo sin perder dinero tiene la misma opción ética que aquel que se encuentra en igual situación respecto al salario justo: a) o cierra su empresa y echa a todo el mundo a la calle, o b) mantiene la empresa pagando menos que el salario mínimo y sorteando las multas de la Inspección del Trabajo.

SALARIO JUSTO O ETICO. Es, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, el que permite al trabajador vivir dignamente con su familia, criar y educar a ésta, y que la familia pueda recrearse y progresar cultural y espiritualmente en sus horas libres, y ahorrar para la vejez, la enfermedad y la muerte. El empresario tiene la obligación moral de pagarlo.
El Obispo habla de un llamado al “corazón” del empresario, pero es también un llamado imperativo a su “conciencia”, un deber y no solamente un buen sentimiento.

El empresario que pierda dinero si paga el salario justo tiene la opción moral de cerrar la empresa, salvo que sus trabajadores prefieran ganar menos a quedar cesantes. “Perder dinero” incluye variables como descapitalizarse la empresa, o no poder mantener un nivel moderno de tecnología, o no competir en precios. No incluye la imposibilidad de crecer, de expandirse. No es moral hacerlo a costa del salario justo.

Es tan complejo apreciar si el empresario X está o no en condiciones de pagar el salario justo, que no es posible legislarlo (salvo aspectos secundarios). Lo demás sería kafkiano. Un sacerdote lector de El Mercurio sugiere (9 de agosto) que “debería haber algún sistema a través del cual el que no puede pagar el salario ético DEBERIA PROBARLO EN ALGUNA FORMA”. ¿Una Inspección de Salarios Éticos? ¿O quizás una Superintendencia más?

Hay otras variables que se plantean y que en el hecho son —dejando a salvo la buena fe y sanas intenciones, como siempre— ‘‘droga de la conciencia” sobre el tema del salario justo. Así:
1. Hacer girar el problema alrededor de la “brecha” en las remuneraciones. No tiene nada que ver. Si el empresario paga a su trabajador el salario justo, o ético, que el primero gane cien, mil o diez mil veces más que el segundo, no es problema de éste ni de salario justo, sino de lo que hace el empresario con su dinero al lado de afuera de la empresa. Problema moral suyo, ciertamente, pero OTRO problema moral, no el del salario justo.

Insistir en la “brecha” es fácil, conquista aplausos, aplaca envidias, pero no paga salarios justos. Hace mucho tiempo que está desacreditada la noción de que repartir “excesos” de riqueza, en la práctica, eleve las remuneraciones del conjunto de los trabajadores. Y ello, principalmente, por algo que era cierto hace un siglo, pero que hoy —con la globalización— lo es todavía más. A saber, que el rico no tiene ninguna necesidad de quedarse donde no lo quieran. Ni nadie puede sujetarlo allí.

2. Que el salario justo no es de responsabilidad solamente “del empresario que contrata”, sino de la “sociedad entera, con el Estado como su representante” (un decano universitario de Economía y Negocios, El Mercurio, 10 de agosto).
La sociedad y el Estado tienen, por cierto, obligaciones respecto a los trabajadores. Pero el empresario que puede pagar el salario justo, en los términos vistos, NO PUEDE DISCULPARSE CON NADIE SI NO LO HACE. Es su deber moral y personal.

3. El empresario suele considerar que un gasto más de su empresa —que, por tanto, incide en su capacidad o incapacidad de pagar el salario justo— es lo que él mismo debe retirar para su vida y la de su familia. Esto es así. Es justo, creo, que el empresario trabaje, PRIMERO, para el bienestar de sí mismo y de los suyos. Sus preocupaciones y riesgos son comúnmente mucho mayores que los del simple trabajador. Mas... ¿HASTA QUE NIVEL DE VIDA Y GASTO? ¿Siempre, sin límites, podrá incidir el gasto del empleador y los suyos, en pagar o no pagar el salario justo a sus trabajadores?

Pero me parece que la utilidad fundamental de lo dicho por el Obispo es constituir un llamado de atención respecto al extremo inaceptable de la pobreza en nuestro país.

No hace dos meses que Chile entero se felicitaba entusiastamente de la caída en las cifras de pobres que mostraba la encuesta CASEN 2006. Algunos ponían en duda esas cifras. Otros disputaban si el progreso se debía al solo crecimiento económico, o a éste más la lucha anti-pobreza del Gobierno. Pero todos mostraban una rara conformidad en que, si las cifras fueran verdaderas (lo probable), se trataba de un “punto de inflexión” (Presidenta de la República) en el esfuerzo nacional por reducir el flagelo. Un columnista de Sábado decía: “Debiéramos estar celebrando, y en grande. Una de nuestras más esperadas metas como país parece estar cumpliéndose: nada menos que reducir los históricos niveles de pobreza que nos han caracterizado desde siempre... Pareciera que el problema está en vías de solución o al menos se ha reducido significativamente”. No era aceptable, agregaba, “que las prisas políticas nos empañen tan significativa hazaña”.

Como siempre, diluviaba la prensa sobre nosotros, los legos, una catarata de PORCENTAJES, y ninguna CANTIDAD EN PESOS —los pesos que reciben los pobres—, confirmatoria de las dimensiones del éxito.
Ahora, el Obispo pronuncia la frase terrible del cuento: “¡El rey está desnudo!’’. Ningún hogar, afirma, puede vivir razonablemente con menos de doscientos cincuenta mil pesos al mes.

Hacemos muecas de disgusto e impaciencia, y piruetas y contorsiones dialécticas, le decimos al prelado: “pastelero, a tus pasteles”, pero sabemos que es así, tal como él lo sostiene. Y QUE, CONFORME A LA PROPIA CASEN 2006, UN 30% DE LOS HOGARES CHILENOS SE HALLA POR DEBAJO DE ESE LIMITE, Y UN 20% NO LLEGA A DOSCIENTOS MIL PESOS MENSUALES.

Para los “conductores sociales” de Chile, de cualquier color político, éste es un cargo tan justo como efectivo como terrible. Y para los católicos chilenos, peor todavía, pues hace veinte años exactos que el Papa, nuestro jefe espiritual, nos dijo: “Los pobres no pueden esperar”. No dijo: “Los pobres no pueden esperar sino unos treinta o cuarenta años más”.

Tampoco es útil decirles a los pobres, cariñosa y reflexivamente, que su problema es “de larga solución”. Hace en exceso treinta años que ‘‘tirios y troyanos’’—militares (cuando gobernaron), aliancistas y concertacionistas— predicamos y aplicamos el mismo modelo económico. Los pobres tienen perfecto derecho a preguntarse si no es ya suficientemente “larga” la “solución”.

Pero, ¿cuál es ésta, en verdad? ¿Cómo salir de la pobreza? Declaro mi total conformidad con el secretario general de la SOFOFA, que en La Segunda del 10 de agosto, dice: “¿Por qué no hablar de un nivel mínimo ético de educación y capacitación, que es lo que realmente podría potenciar las remuneraciones al alza?”. Mi única reserva, o mejor aclaración, sería que si no se educa antes en ese nivel mínimo (el de básica), resulta ineficaz capacitar.

¡Es una solución a plazo demasiado largo, una excusa de los empresarios para no subir los salarios! —le escuchaba a un panelista de Tolerancia Cero, hace un tiempo. Y en vista de ese plazo demasiado largo, ni los militares ni la Concertación se abocarían efectivamente a obtener aquel “nivel mínimo”... Si lo hubiesen hecho, el próximo 2009 llevaríamos 36 generaciones, con adecuada enseñanza básica y media, completas.

Quisiera creer que las conversaciones de Gobierno y Alianza sobre leyes educacionales, conducirán a al “nivel mínimo”. Sospecho, desgraciadamente, que no, porque —quizás mal o incompletamente informado— no veo en la agenda de ese debate NINGUNO de los problemas fundamentales y previos que impiden el avance de nuestra educación gratuita, que constituye el 90% del total: 1. Recursos (doblar la subvención corriente). 2. Exceso de alumnos por clase, y de horas de aula de los profesores (que se originan en la falta de recursos). Y 3. Flexibilidad laboral y pedagógica, imposibles con el Estatuto Docente y la Ley de Evaluación. En un foro reciente del CEP, alguien preguntó por esto al representante del Ministerio —un alto funcionario—, quien, con una semisonrisa cómplice, evadió responder diciendo que TAMPOCO la Alianza pedía modificar esos cuerpos legales. ¿Será así? ¿Habrá consenso en no tocarlos para no incomodar al Colegio de Profesores, instrumento de presión corporativa y fuente de votos?

Tomado de Diario La Segunda