Chileno libre

Problemas en educación
Patricia Matte

Los recientes hechos relacionados con desórdenes administrativos y presuntos fraudes en el sector educacional han generado reacciones que —a quienes trabajamos en educación— nos preocupan enormemente. No es la hora de “aprovecharse” de estos hechos tomando un camino equivocado, ya que ello podría afectar negativamente a millones de niños. Es el momento para mantener instrumentos como la subvención por alumno atendido, perfeccionar los mecanismos administrativos de fiscalización y, por sobre todo, sacar adelante a la brevedad los proyectos de ley que hacen realidad los acuerdos educacionales del año 2007.

La supuesta duplicidad de pagos a proveedores por parte de organismos públicos; fraudes en los pagos de subvenciones a personas que no son sostenedores o a quienes abultan la matrícula o asistencia de estudiantes; así como falta de respaldo o pérdida de los recursos entregados a organismos del Estado, nos muestran que existe un grave problema de administración en esas instituciones públicas y que los funcionarios que están a cargo de ellas no están preparados para abordar esta importante función, ya que muchas veces no son nombrados por estar calificados para sus puestos, sino por cuoteos políticos. Pero, independiente de que se “encuentren” los recursos o se esclarezcan los hechos, existe un importante desorden, falta de control y de modernización de los mecanismos de fiscalización internos y externos en dichas entidades.

Diferentes expertos han señalado que controlar la asistencia o matrícula en las escuelas es muy fácil si se hiciera buen uso de las herramientas tecnológicas con que los colegios y el Ministerio de Educación cuentan, y no dotando al aparato estatal de más inspectores, lo que se traduce en seguir haciendo un uso ineficiente de los recursos entregados al Estado por todos los chilenos. Asimismo, es claro que los seremis y otros altos funcionarios debieran ser nombrados por el sistema de Alta Dirección Pública debido a la importancia del papel que cumplen.

El problema no se relaciona con el sistema de subvenciones o con que se pague por asistencia y no por matrícula como han planteado algunos. Por el contrario, este sistema ha beneficiado directamente a los estudiantes que provienen de familias con mayores necesidades, donde la asistencia a clases de los hijos es menor y por tanto, al pagar por alumno asistido, las escuelas además de estar interesadas en “inscribir” alumnos, se preocupen porque asistan a clases, motivando a los niños y sus familias para que los lleven a la escuela. Ello, sin duda, implica más oportunidades de aprender y de no caer en conductas antisociales. Esta es una realidad que experimentamos a diario en la red de escuelas de la Sociedad de Instrucción Primaria y que, por tanto, nos obliga a preocuparnos especialmente por dichos estudiantes. Si se considera lo que ha ocurrido en Chile, los datos nos muestran que en 1970 el 43% de los niños que debieran asistir a la educación básica y que provenían de las familias más pobres no iba regularmente a clases, considerando que este nivel educativo era obligatorio. Hoy, más de 30 años, esta cifra es de apenas un 2,3%.

Respecto al argumento que se ha dado de pagar por matrícula sobre la base de cumplimiento de estándares de aprendizaje, resulta atractivo y es algo a lo que quisiéramos acercarnos, premiando a quienes más se esfuerzan. Sin embargo, el costo de hacerlo es mucho mayor, ya que requiere sofisticados análisis de los aprendizajes de cada alumno (valor agregado), los que nunca son perfectos a nivel de individuos. Por lo tanto, al menos en el corto plazo, es difícil pensar en un sistema de ese tipo cuando ni siquiera podemos controlar bien la asistencia y no existe aún un sistema de aseguramiento de la calidad en marcha, sino que recién en etapa de diseño y discusión.

Finalmente, es importante recordar que el país ya debatió por bastante tiempo, seria y democráticamente, los problemas del sector educacional, llegando a un importante acuerdo que se ha traducido en un nuevo proyecto de ley general de educación. Dicha propuesta aborda los principales problemas del sector, creando una institucionalidad más acorde con las nuevas exigencias.

Por lo tanto, no debemos desviar la discusión y esfuerzo hacia intereses particulares, ya que ello perjudica justamente a quienes queremos ayudar, los estudiantes. No perdamos el foco, los aprendizajes y el desarrollo de los talentos de nuestros niños y jóvenes están primero.