En Chile de hoy se violan los Derechos Humanos.

Las Cifras siguen desmintiendo el triunfalismo auto satisfactorio de las autoridades de Gobierno, ahora la Encuesta CASEN, Encuesta de Caracterización Socioeconómica, demuestra la falsedad del bienestar que se pregona que tiene la población, más de un millón de personas tienen ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, las mujeres siguen siendo discriminadas y obteniendo rentas menores que los hombres.

Como lapidario califico este resultado el Subsecretario del Trabajo Zarko Luksoc. Nosotros, que hemos denunciado permanentemente esta situación, pensamos, por lo que vemos en la calle, que las cifras son superiores, pero además es necesario agregar a ello los casi 500 mil cesantes y las decenas de miles que están adscritos a los planes oficiales de desempleo.

2.208.937 personas que viven bajo la línea de pobreza, de las cuales 516.738 en la indigencia, solo demuestran la soberbia incapacidad de las autoridades, la mala focalización de la inversión social y, a lo mejor lo que es más grave, una insensibilidad intolerable. Chile requiere menos palabrería “bonita” y más acciones verdaderas para superar este flagelo vergonzante.

Creemos que ya ha llegado el momento en que el Gobierno deje de tratar de engañar a la población con cifras engañosas, que reconozco el escaso avance que el país ha tenido en la superación de la pobreza, además, ciertamente, de que se pongan en vigencia planes específicos que revitalicen a las moribundas PYMES y pongan al país en la senda del crecimiento.

Poco sacamos con declaraciones rimbombantes de la Mandatario, o de los voladores de luces ha que nos tienen acostumbrados, ahora, es imprescindible crear políticas de reactivación reales, créditos blandos para la producción, terminando de paso con la usura que asfixia a las clases medias, amnistía de las deudas tributarias y conmutación de las multas por atrasos provisionales.

Insistimos en la afirmación de que se ha fomentado un sistema perverso que mantiene a la gente “callada” por miedo a perder pegas mal pagadas y caer, por falta de posibilidades de pago, en el maldito DICOM, que hace desaparecer en vida a los ciudadanos. La mantención de un estado rico con una población pauperizada es una monstruosidad inaceptable.

En nuestro país se están produciendo transgresiones permanentes y sistemáticas a los derechos humanos, al negarle a los ciudadanos la posibilidad de trabajar, el acceso a una salud digna, la inexistencia de una educación adecuada a los tiempos, el notable abandono de nuestros viejos, las pensiones miserables de los pensionados o los salarios mezquinos que reciben los trabajadores. El cuadro se completa con la negación de Justicia que se hace a los uniformados o con la aterradora impunidad de la delincuencia que tiene arrincona a la sociedad.