Un Estado riquísimo con una ciudadanía pobre es un caldo de cultivo seguro para la corruptela y para fomentar el clientelismo político. Ambos factores de alta complejidad y de extremo peligro para la sociedad.En nuestro país se da el caso y hemos sido testigos de cómo se “destapan” nuevas “ollas” en los planes especiales para absorber cesantía, los que ya parece confirmado han sido utilizados, en forma bastante generalizada, para “ayudar” a las candidaturas de los partidos oficialistas.Las cifras de corrupción, generalmente entregadas por círculos muy cercanos a la coalición de Gobierno, rara vez han indicado alguna preocupación por el tema, mientras los empresarios han manifestado en forma permanente haber sido objeto de este tipo de actos o conocer a quien ha sido afectado por estas “peticiones” destinadas a “apurar” los tramites que los funcionarios tienen la obligación de hacer, conseguir permisos ó simplemente “doblar” la nariz de las leyes.Cuándo en un país es necesario estar hablando a diario de la “transparencia” creemos que es una manera “eufemística” de reconocer la existencia del flagelo y más que cuantificarlo es imperioso detenerlo, erradicando de cuajo este germen maligno.Pensamos, siendo esta una idea de nuestro grupo editorial, que la ciudadanía no cae el la delincuencia solo por la necesidad, sino que es fuertemente “motivada” por los ejemplos de gigantescas “irregularidades” pecuniarias en la administración estatal que nunca tienen sanciones. No se debe perder de vista que la “imitación” suele ser el comienzo de grandes males sociales.Estamos ciertos que el primer peldaño de la corrupción lo pisan los candidatos, a cualesquier cargo de representación, que ofrecen lo que saben que no pueden cumplir o aquellos que no están dispuestos a hacer. Lamentablemente, este delito no tipificado en nuestra legislación, en de común ocurrencia, sirve para conseguir que deleguemos nuestra “soberanía popular” a manos de inescrupulosos que no existe posibilidad alguna de que se les sancione. Hemos insistido, casi majaderamente, sobre la necesidad imperiosa de una modificación legal que castigue la “demagogia” instituyendo la figura legal de la “estafa social”, con duras sanciones para quienes la practiquen, y la posibilidad del “pueblo soberano” de revocar los poderes conseguidos por la vía del engaño. Creemos que legislar en estas materias cumple el doble objetivo de devolver a la política un prestigio que es indispensable y el de constituir un buen ejemplo para la ciudadanía, ambos logros que sin duda alguna deberían verse reflejados en la vida diaria ciudadana.
tomado de : www.reaccionchilena.cl
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